martes, 13 de noviembre de 2012
lunes, 12 de noviembre de 2012
Alerta internacional brote menigitis en Chile
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lunes, 27 de diciembre de 2010
Artículo de Presidente Lagos sobre las sanitarias
¿A quién corresponde la propiedad de las sanitarias?
23 de diciembre de 2010
Ricardo Lagos Escobar
La venta de acciones de las sanitarias no tiene ninguna justificación. La explicación que ha dado el gobierno para vender su participación en dichas empresas no tiene sustento alguno.
El gobierno ha retirado en los primeros nueve meses de este año 4.129 millones de dólares de CODELCO, lo cual está muy por encima de lo calculado en la Ley de Presupuestos de 2010. En consecuencia, la mayor recaudación por el elevado precio del cobre hace que no se requiera venta alguna en las empresas sanitarias. Estas empresas sólo generarían un ingreso estimado por el gobierno de 1.600 millones de dólares, que serían destinados a poder vender y a introducir capitales a las empresas del Estado; entre ellas, la propia CODELCO.
Vale la pena, a efectos de la comparación, considerar que durante los primeros nueve meses del año 2009 los excedentes de CODELCO alcanzaban a 1.881 millones de dólares. Ello está muy por debajo de los 4.129 millones de dólares que la Dirección de Presupuestos del Gobierno de Chile le ha solicitado que, en su integridad, le sean traspasados desde CODELCO.
Adicionalmente, me parece que el gobierno debe una explicación contundente de por qué tiene tanto apuro en vender las acciones sanitarias.
La decisión de derogar el artículo que obligaba al gobierno a tener el 35% de las acciones de las sanitarias, tuvo que ver con las negociaciones que Chile había terminado con la Unión Europea. Ésta había reclamado en las negociaciones con Chile la existencia de esta suerte de acción dorada, que implicaba la participación por ley del gobierno en las sanitarias. La derogación de dicho artículo, por lo tanto, era un modo de llegar a un acuerdo en torno a este planteamiento con la Unión Europea, pero en ningún momento planteamos que, si bien eran prescindibles las acciones, efectivamente el Estado prescindiría de ellas. Nos parece que es central tener un director en estas empresas que represente los intereses públicos. Un número importante de definiciones se toman al interior de los directorios, como, por ejempo, la necesidad de extender la red que a veces tiene que hacerse considerando no sólo los aspectos comerciales de la misma, sino también la necesidad de los usuarios de ver extendida la red de agua. Todo ello confirma que es necesario mantener estas acciones en poder del sector público.
Durante mi administración no se continuó con el traspaso de la propiedad de las empresas sanitarias. Respecto de la propiedad de acciones minoritarias a empresas ya privatizadas, el flujo financiero era más rentable que la venta, en suma, no era conveniente desde el punto de vista del interés fiscal. Lo que se hizo fue dar en concesión las empresas sanitarias para ser administradas por un particular por un período de años, normalmente no superior a 20 años, de suerte que la propiedad de la misma continuaba y continúa en manos del Estado de Chile. De esta manera, permitíamos al sector privado hacer inversiones que se recuperaban durante el período de su concesión, pero la propiedad misma de las empresas sigue siendo del Estado de Chile.
martes, 21 de diciembre de 2010
Reforma de Salud: Declaración Pública Asoc Latinoamericana Medicina Social
DECLARACIÓN PÚBLICA
ALAMES CHILE
Asociación Latinoamericana de Medicina Social – Chile
Como es de público conocimiento, el pasado 6 de diciembre la Comisión Presidencial en Salud, evacuó su informe, en el cual, el coordinador de la comisión agradece a nuestra organización “los valiosos aportes”.
Frente e ello es nuestro deber aclarar lo siguiente:
- ALAMES – Chile acudió a la convocatoria de Audiencia Pública realizada el viernes 10 de septiembre de 2010 por la comisión, en donde se dio lectura a nuestros planteamientos.
- Una vez concluida nuestra presentación, ningún comisionado, emitió cometario o pregunta alguna.
- Ninguno de los planteamientos realizados a la comisión fueron considerados en el informe final por lo que es preciso aclarar que no corresponden agradecimientos frente a una nula participación efectiva en el producto de dicha comisión.
- Los planteamientos realizados por ALAMES - Chile fueron los siguientes:
¿Qué queremos plantear?
1. Criticar la sesgada composición de la Comisión, que pone en riesgo la democracia y participación, más allá de la discusión en el parlamento de posibles propuestas que surjan, en este tipo de procesos tan fundamentales para el desarrollo del país y su gente.
2. Valorar haber obtenido un espacio para plantear nuestros puntos de vista ante la comisión.
3. En relación al tema central de posible reforma al financiamiento de los sistemas sanitarios existentes en Chile queremos señalar:
a. En Chile no existe un sistema de salud, sino que existen varios sistemas de salud (FONASA, ISAPRE, FFAA, Mutuales) por lo que, por primera vez en nuestra historia debería enfocarse la problemática considerando este escenario y comprender que se deben incluir todos estos sistemas para poder dar respuesta integral a la salud de los chilenos/as.
b. Enfocar una posible reforma sólo en el aspecto de financiamiento, es parcializar el debate, es adquirir un enfoque reduccionista. Se debe obtener una mirada sistémica para las soluciones deseadas.
4. Existe abundante evidencia científica respecto de que los Sistemas de Salud de carácter Universal, Solidario, Integrales, Financiados mayoritariamente por impuestos generales, Redistributivos / equitativos, con un Estado potente en las diferentes funciones de rectoría, regulación y prestación de los servicios (Sistemas bedveridgerianos – Estado de Bienestar), tienen mejores resultados e impactos sobre las condiciones de vida de las personas, independiente de los ingresos per cápita, de los sistemas políticos. Estos resultados son mejores que aquellos sustentados en sistemas segmentados en seguros de enfermedad, sean públicos o privados (Sistemas bismarkianos – Seguridad Social). Por ende todas las reformas integrales deben apuntar en tal sentido y no en otros, tal como lo está impulsando la OMS – OPS.
5. En el área de financiamiento, también existe mucha evidencia acumulada respecto de que:
a. Sistemas con financiador único resultan más eficientes, más costo efectivos y con mejores costos beneficios que los que tienen sistemas con financiador múltiple, segmentados y parcelados.
b. Sistemas con alta presencia del sector privado en las funciones de administración (aseguradoras) y prestación gastan más que aquellos que presentan una escasa presencia del sector privado.
c. La existencia de una normativa legal que define una cotización obligatoria de salud, genera o invoca el hecho de que esos recursos son por naturaleza de carácter público por lo que el hecho de que puedan ser administrados por las Isapre, marca una privatización estructural de la protección social.
d. La existencia de empresas privadas con fines de lucro en el sector (Isapre y prestadores privados) genera una serie de incentivos para el encarecimiento del sistema privado y del gasto en salud en general, la segregación de distintos tipos de poblaciones y beneficios, etc.
e. Las Isapre y los prestadores privados siguen buscando hacer rentable el negocio en la lógica del mix público-privado y del subsidio a la demanda (paga el afiliado o el Estado).
f. El progresivo crecimiento del sector privado lleva al control de factores estratégicos de la producción de servicios (RRHH, tecnología, camas) con la consiguiente fijación de precios y el aumento de los costos.
g. La inequidad en el financiamiento de la salud en Chile es uno de los aspectos centrales en la determinación de los resultados inequitativos.
h. La constitución de oligopolios y holdings aseguradores-prestadores hacen aún más presentes los riesgos que genera el fin de lucro en un mercado tan imperfecto como es el de la salud.
6. Los sistemas de países desarrollados tienen foco en el área de promoción y prevención en salud, y en el último tiempo la agenda ha estado dirigida a disminuir las inequidades en salud y por ende a actuar sobre los determinantes sociales de la salud.
¿Qué proponemos?
La estructura del modelo en cuanto a salvaguardar una lógica sanitaria, depende del real fortalecimiento del seguro público solidario (FONASA), del crecimiento de la red de servicios públicos y del efectivo rol rector regulador / planificador del Estado y, además, de la incorporación de la ciudadanía a la toma de decisiones monitoreo y evaluación autónomos tanto nacionales como locales.
Tendremos un sistema como queremos cuando ya no existan diferencias entre los beneficiarios, vale decir cuando no sirva de nada decir soy de Fonasa, de Isapre, de las Fuerzas Armadas, de Codelco, de tal Mutual… porque el derecho a la salud será realmente Universal, en donde se accederá por necesidad y no por pertenecer a determinado grupos socioeconómico, laboral, cultural, etc.
Reconocer salud como un derecho humano básico y desmercantilizar el sector (redistribución y efectiva equidad en el financiamiento).
Abogamos por lo tanto, por un sistema universal, integrado, de sello promocional y preventivo, descentralizado, planificado y con atención programada. Gestión participativa a todos los niveles
Principios de Política sanitaria que deben orientar los cambios necesarios:
• Salud como derecho, y su garantía como responsabilidad del Estado (Valor social v/s Mercado)
• Exigibilidad del derecho a la salud por parte de la ciudadanía
• Equidad en salud en el marco de los DDHH y de la determinación social de la salud
• Solidaridad y progresividad en el financiamiento
• Eficiencia en uso de recursos
• Participación social deliberativa vinculante, vale decir democratización del sistema
En conclusión:
• Instalar debate sobre el derecho ciudadano a la salud. Cuestionando que se trate nuestra salud como una mercancía.
• Plantear alternativa de modificar la Constitución y elevar salud a categoría de derecho de responsabilidad del Estado.
• Reemplazar el modelo existente por un sistema de salud de acceso universal. Esto quiere decir, un sistema que garantice, para toda la población, todas las prestaciones necesarias, sin discriminación, sin segregaciones. Recordamos aquí el caso de Colombia que cuenta con una supuesta universalidad que encubre la inequidad entre quienes cotizan y quienes no cotizan, en donde estos últimos están asegurados pero con el 50% de las prestaciones.
• Asegurar el financiamiento a través de fondo universal solidario.
• Cambiar modelo médico hegemónico centrado en la enfermedad (biomédico), por un modelo humanista bio-psico-social, que incorpore respuestas inteligentes al proceso salud-enfermedad-atención.
• Comprender la determinación social de la situación de salud individual y colectiva e intervenir con promoción, prevención, atención de calidad, redistribución del poder y de la riqueza, redistribución de recursos y servicios desde todas las políticas públicas.
• Reconocer las contribuciones realizadas a la producción de salud en los espacios público y doméstico, intersectorialmente.
• Instalar como eje de la política sanitaria a la Atención Primaria integral
• Concretar la Intersectorialidad en el abordaje de los problemas. Salud condiciones de vida, trabajo, ambiente y relaciones sociales saludables... lo que es mucho más que la atención de la enfermedad.
• Empoderar al ciudadano/a en sus derechos y en participación efectiva en las decisiones de la política pública.
Mario Parada
Coordinador Nacional
ALAMES CHILE.
martes, 14 de diciembre de 2010
Ex-Ministra Barria opina sobre Propuesta Comisión Salud del GobiernoPiñera
En Chile coexisten básicamente dos sistemas de salud.
Un Sistema Público de Salud que se estructura en niveles de atención, siendo la atención primaria de administración municipal. Las redes de servicios públicos están a cargo de las Direcciones de Servicio (29 en el país), descentralizados con patrimonio propio, las que realizan la coordinación de la atención primaria y la administración y/o supervisión de los hospitales de su territorio. Por Ley, la responsabilidad sanitaria de la población que habita en determinado territorio está a cargo de la atención primaria y de los Servicios de Salud. El Ministerio de Salud realiza la coordinación del Sistema Nacional de Servicios de Salud (a través de la Subsecretaría de Redes Asistenciales) y todo ello es financiado con recursos de Fonasa.
Fonasa recibe recursos del 7% de los trabajadores que allí cotizan (aprox. 1.5% del PIB) más los recursos del Estado (aprox. 1.8% del PIB). Estos recursos fiscales van a financiar el funcionamiento de la totalidad de la red de servicios públicos donde se realizan actividades de salud pública, promoción y prevención de la salud, además de recursos para los municipios y para el financiamiento de todas las atenciones tanto Auge como no Auge, incluso las que se realizan en clínicas privadas. En el sistema público existe un Plan General que es el AUGE, Acceso Universal con Garantías Explícitas que significa que las personas tienen derecho a la atención de todo (salvo la cirugía estética), y al interior de ese Plan, existen ciertos problemas de Salud que tiene garantías mayores, GES o Garantías explícitas, que es lo que la gente conoce como problema Auge. Hoy, son 66 problemas los priorizados, cifra que debiera ir creciendo en la medida que como país podemos ir garantizando tiempos y calidad a un mayor número de problemas.
El país gasta en salud el 7% del PIB, con la mitad se atiende al 80% de la población y se realizan además acciones para todos como campañas de invierno, vacunas, leche etc. Esa es la eficiencia global del sector público, reconocido en todo el mundo, y que ha posibilitado parte importante de los resultados que exhibimos con orgullo como país.
El segundo Sistema es el Sistema Isapre, creado y subsidiado en los 80, recibe también el 7% de aporte de trabajadores con mayores rentas y que, hasta ahora, pactaban o contrataban un “plan” que variaría en coberturas, debiendo respetar el Plan general del sistema público y las Garantías explícitas. Este sistema, hoy, está con graves problemas de viabilidad. En efecto, sus afiliados han ido disminuyendo, sus costos son cada vez mayores, lo cual ha significado que hoy aprox. el 15% de la población está afiliada a este sistema. Además el Tribunal Constitucional ha fallado ya en reiteradas oportunidades la inconstitucionalidad de los planes segregados por sexo y edad que realizaban. En el Fallo más relevante se declaró inconstitucional la regulación de la superintendencia de salud respecto a las tablas de Planes y conminó al Ejecutivo a legislar para solucionar el problema. Señala en síntesis, el Tribunal que el 7% es parte de la Seguridad social y ello conlleva una solidarización de los riesgos. No se entiende Seguridad Social efectiva sin Solidaridad.
Con estos antecedentes, a fines de Julio, el Pdte. Piñera designa una comisión de 12 “expertos” en salud, la mayoría de Gobierno y algunas personas de la Concertación, entendemos a título personal, más el Presidente del Colegio Médico. Llama la atención que tres de ellos fueron en algún momento Superintendente de isapre.
Tres fueron en ese momento los objetivos planteados: una ley corta que superara la situación de inconstitucionalidad (plazo de 30 días), una propuesta de reforma más a mediano y largo plazo, y revisar el tema de las licencias médicas.
A poco andar se abandonó la Ley corta y el Tribunal Constitucional ha seguido fallando a favor de las personas que alegan discriminación por las variaciones de precio de los planes en Isapre.
El 6 de Diciembre, 4 meses después, el grupo evacúa un informe donde básicamente se tratan 3 temas:
1.- El sistema de licencias médicas
2.- El financiamiento de la salud en Chile
3.- Reforma al sistema público de salud.
Es decir por un problema de viabilidad de las Isapre se proponee reformar al sector público que es el que, como sistema, funciona mejor, aún cuando tiene problemas de calidad y cuantía de recursos (no es extraño puesto que debe dar atención al 80% de la población con el 50% de los recursos) y nada se dice sobre el sistema privado que para atender al 20% de la población gasta el otro 50%.
Qué hay en realidad detrás de esta propuesta:
1.- Se trata de mostrar como algo deseable el “Plan Único”. En realidad este Plan ya existe pero se busca en realidad acotarlo. Es falso que sea una avance. El Plan existe ya. Existe, abierto, es decir que no se limita a un listado de enfermedades o problemas, pero tiene algunos problemas “priorizados” que dan origen a las Garantías (Auge).
Se reconoce ahí la voluntad de disminuir o acotar la respuesta de los sistemas de salud, haciendo más rentable el “negocio”, independientemente de las necesidades de la gente. Para hacerlo más congruente con los “seguros” que es la visión que está detrás de la propuesta, para hacer más viable el negocio, y disminuir las futuras judicializaciones, se busca acotar el Plan de salud.
Al plantear este nuevo Plan “único”:
- Se niega que hoy tenemos uno mejor, que es obligatorio para las Isapre como para Fonasa. El Plan abierto es más propio de los sistemas solidarios de seguridad social, más compatible con la idea de Protección Social que hemos ido construyendo.
- Se quiere acotar el Plan existente para hacer más rentable la “industria de seguros”, en este caso de salud. Ello conspira contra los intereses de las personas y de la salud de la población.
2) Incorporar los recursos fiscales al negocio privado. Hoy día casi el 3.5% del PIB de salud queda fuera de las “oportunidades de negocio” de los interesados.
En esta propuesta definitivamente se incorporan estos recursos para ser “administrados”, “asegurados”, “fiscalizados” por privados, de tal manera de otorgar posibilidades de competir y lucrar con estos recursos.
La propuesta incluye cuatro dimensiones que apuntan claramente a la privatización: la administración del sistema de licencias, la administración del sistema de financiamiento, la privatización de las redes públicas y los mayores cobros a los usuarios a través de co-pagos.
a) El sistema de Licencias, o Subsidios por Incapacidad Laboral.
Pocas podrían oponerse a reformar el sistema de licencias o a la co-responsabilidad del empleador para su financiamiento. Pero lo que se propone es entregar para manejo financiero, un ahora Seguro y no Subsidio, para que se “asegure” al trabajador por la posibilidad de licencia.
Se hace un fondo, traspasando también los recursos del fisco, para que aseguradoras puedan lucrar y por cierto “administrar” este nuevo seguro.
¿Es que los recursos de los trabajadores pueden ser directamente traspasados a entidades privadas para que lucre, sin participación de los mismos?. Una cosa es entregarlo al estado y otra cosa es a empresas (Isapre), que, además van a seguir fiscalizando las licencias. Se dice que esas empresas privadas formarán y financiarán una “Corporación”, o sea son los mismos los que fiscalizan y pagan, tal como hoy es criticado en las Isapre. Toman además el negocio de manejar los recursos de los trabajadores más pobres y del fisco. Y, además, se elimina una de las fiscalizaciones estatales de control a las Isapre, dejando sólo una y no dos como es ahora.
Se puede concordar en modificar el sistema, en que sea un Fondo específico, pero debe ser Público y no privado. Además una institución pública, independiente debe ejercer la fiscalización. No puede ser, como se propone, una empresa ligada a la empresa privada que “asegura”.
b) Sistema de financiamiento manejado por empresas privadas.
Hoy el 80% de la población solidariza sus recursos para salud. En efecto Fonasa es un Fondo solidario que recibe el 7% y otorga servicios de acuerdo a las necesidades. No requiere más solidaridad y sí requiere más recursos, hoy demasiado escasos para las múltiples necesidades de las personas con más riesgo sanitario del país (mayores, niños, mujeres y pacientes crónicos).
El problema de nuevo son las Isapre. Las personas en Isapre tienen planes individuales, allí no se hace solidaridad y probablemente ese es el cambio que ese Sistema requiere.
Muchos hemos soñado con un Fondo Solidario donde todos los habitantes coticen o bien se financie vía impuestos, de un Fondo FISCAL y no de uno entregado a privados, como se propone aquí.
Cuidado: Se propone una solidaridad especial. Se propone aquí, muy parecido a la reforma en Colombia, que sean “Entidades Privadas” (ex Isapre) que manejen (administren y lucren) las cotizaciones de todos los trabajadores, a los cuales además el Estado le agrega un subsidio (propuesta de mayoría) y ellos a su vez “contratan” a las redes. Es decir son intermediarias de los recursos (lo eran de la mitad, ahora lo serían de la totalidad porque incluye los recursos de todos los trabajadores y el fisco). Para ello requieren 2 cosas: el Plan acotado (quieren incluso cambiar la constitución para acotarlo) y los establecimientos públicos transformados en “prestadores” privados.
No se trata de solidarizar sino de traspasar recursos financieros para ser manejados por parte de las Isapre o Aseguradoras.
Si queremos solidarizar, que TODOS coticen al Fonasa, que finalmente es donde van a llegar los mayores, o los con mayores riesgos de salud. Todos requerimos de la salud pública. TODOS debiéramos colaborar con el Fondo PUBLICO.
c) Sistema Público y sus establecimientos.
En todo momento se señala que los cambios de financiamiento no son posibles sin una “modernización” del sistema público. En realidad se propone el manejo privado de hospitales, como instituciones de derecho privado, sometidos a un Consejo (Directorio?), el personal con código del trabajo, y un sistema de financiamiento por prestaciones. Es decir ya no existe responsabilidad por las poblaciones sino sólo pago por lo que hacen.
Se propone adicionalmente la concesión de hospitales (en todos los documentos es un misterio, cómo y cuándo, serán pagadas esas concesiones), no sólo en su construcción como lo planteaba la Concertación sino especialmente en su GESTION, y con las áreas médicas.
También proponen “licitar” redes completas, es decir una “empresa” quizás podría “licitar la población de una comuna. Cuál evidencia muestra que aquello sea más eficiente y lo más importante, qué evidencia muestra que con eso obtenemos mejores resultados?? Toda la experiencia internacional muestra lo contrario. Se obtienen peores resultados sanitarios, el país gasta más, las personas deben pagar más y unos pocos ganan mucho a través de la intermediación y administración de recursos.
Así en Colombia han ido incrementando paulatinamente las cotizaciones para salud, con un deterioro en un gran número de resultados sanitarios.
Curiosamente el documento en los antecedentes señala que el problema del área privada es que continúa pagando por prestaciones y luego es lo que se desea para lo que hoy es sector público. De dónde saldrán los recursos para aquello? Eso no será posible con los niveles de financiamiento salvo que se acorte tanto el plan y que se obligue a las personas a seguir pagando por un sistema cada vez más ineficiente y con mayores gastos de administración y número de intermediarios.
d) Incremento de ingresos
El país invierte poco relativamente en Salud. Eso es real, y especialmente poco en el sistema público que atiende al 80% de la población, con sólo el 3.5% del PIB. La Organización Panamericana de la Salud tiene estudios comparativos donde se demuestra que bajo el 6% de gasto del PIB es muy difícil contar con un sistema universal y solidario de buena calidad. A ello entonces debiéramos apuntar.
Se puede concordar con los autores que se deben incrementar los recursos.
Per, para ello plantean dos mecanismos:
- La participación de empleadores con el 1% del sueldo. El país hasta ahora ha preferido entregar subsidios vía impuestos antes que poner más impuestos específicos, pero se puede conversar.
- El mayor cobro de pre-pagos a “todos aquellos que ganen por sobre un cierto monto”. No se dice explícitamente pero se podría suponer que estamos hablando los Fonasa B y C.
Qué significa aquello? Que se va a condicionar nuevamente la atención al Pago.
Hoy en Atención Primaria no se paga, ello no sólo ahorra gastos de administración sino especialmente facilita el acceso! Obligar al co-pago es limitar el acceso. Por cierto, si se paga por prestaciones a los establecimientos ello redunda en mayores beneficios para los administradores!
La idea es justamente que la población vea facilitado el acceso, especialmente mientras está sana para que no tenga que ir luego, enferma. Vamos acaso exigir co-pago para el examen de salud?. Una es la lógica de la salud, y otra es la lógica de la enfermedad, que al parecer es la que estos “expertos” conocen.
Así planteado el tema de los co-pagos, se acabaría con la gratuidad en consultorios y postas, se acabaría con la gratuidad en hospitales a los mayores de 65 años, medida de la Pdta. Bachelet. Esa medida atenta contra la salud pública y contra los trabajadores y clase media, aumentando las desigualdades.
Finalmente algunas consideraciones sanitarias y propuestas:
1.- Está demostrado en el mundo que la Salud está fuertemente condicionada por lo social. Necesitamos que salud esté vinculada a las políticas públicas locales. Por eso el manejo municipal de la atención primaria. Una atención primaria familiar y comunitaria tiene una lógica territorial y no “del seguro que yo quiera”. Sin lógica territorial no existe la salud familiar.
Se requiere sí un mayor financiamiento para la salud primaria, mejorar el percápita y un mayor ajuste para las comunas más pobres. Todavía la desigualdad es escalofriante.
Se requiere mantener e incrementar la inversión que se venía realizando. Hoy el Minsal NO DESTINA recursos para inversión en Atención primaria y en la propuesta es la gran ausente.
2. El financiamiento, efectivamente debe ser solidario, ya sea con cotizaciones o mejor aún por impuestos generales. Pero debe ser el financiamiento para la salud, no el seguro de enfermedad como algunos creen.
Alli hay una gran diferencia conceptual, que deriva de lo que es salud y enfermedad y que se enraíza con los valores de la sociedad que nos hacen coaliciones diferentes. Salud se entiende como un aporte a la calidad de vida individual y colectiva, consecuencia de determinantes sociales, parte de un sistema de Protección Social. Otros piensan, probablemente los que hacen esta propuesta, se trata de un riesgo individual, que debe ser bien cubierto por un seguro de enfermedad.
Los sistemas más “eficientes” en el mundo, con mayores resultados en relación a los recursos invertidos, son sistemas públicos, basados en atención primaria. En Chile la mayoría de la población lo tiene.
Sigamos mejorando el sistema público que aún falta mucho.
Necesitamos garantías crecientes y no detenernos en las 66 actuales. Para ello se requiere inyectar más recursos. Más recursos para el sistema y no para intermediarias de lucro.
Hoy el problema es de las Isapre, ese es el sistema que se debe reformar. El sistema público requiere recursos para la atención primaria municipal, recursos para poder incentivar al personal especialmente los médicos, mejorar la gestión, invertir en infraestructura y tecnología, seguir desarrollando el modelo de salud familiar y comunitaria y sobre todo participación de la comunidad para cambiar de verdad la calidad del servicio.
El sistema público no requiere que lo desarmen para salvar a las Isapre.
Soledad Barría
10/12/2010
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