Luego del fallo del Tribunal Constitucional sobre el uso de la tabla de factores de riesgo de las Isapres, el gobierno deberá abocarse a la tarea modificar esta tabla o avanzar un fondo de compensación de riesgo solidario del sistema Isapre. Para esta tarea el presidente convocó a un panel de doce expertos.
Sin embargo, uno de los integrantes de este grupo, el ex Superintendente de Salud Manuel Inostroza, ha advertido que cualquier acción en la cual actúe la Superintendencia de Salud deberá contar con la inhabilitación de su actual titular, Luis Romero Strooy, para evitar eventuales conflictos de interés. "Un acuerdo con la Superintendencia de Salud respecto al punto inhabilita al actual Superintendente, porque recordemos que es ex gerente de una Isapre y director de otra Isapre y esta eventual regulación administrativa no podrá hacerla. Cualquier tabla de factores puede ver visto como algo que puede beneficiar a las empresas”
Ya ha dejado de ser novedad en Chile, que las nuevas autoridades de gobierno tengan algún conflicto de interés y deban inhabilitarse para tomar decisiones que son propias de su función pública. Pareciera que una de las principales características de la “Nueva Forma de Gobernar”, será que las autoridades estarán permanentemente inhabilitadas porque poseen intereses, justamente, en las áreas que deben regular.
El sector Salud, parece no ser la excepción. Además de la inhabilidad del Superintendente de Salud, ya se ha planteando en los medios de prensa los conflictos de interés del Director de FONASA que, por coincidencia, fue Presidente de las Compañías Aseguradoras de Chile. A eso, debemos agregar al propio Ministro Mañalich, quien fue director y socio de la mayor clínica privada del país y es confeso militante y entusiasta promotor del Partido de los Enfermos, principales clientes de este tipo de establecimientos. En verdad, no se ve bien, no parece correcto, no da confianza.
Hace algunos días, el vespertino La Segunda, muy obediente al último instructivo del gobierno que identifica a la oposición como uno de sus principales adversarios, publicó una lista de “despilfarros de fondos del Estado” por parte de los “adversarios” de la gestión anterior. Entre los “despilfarradores”, se menciona al Dr. Hernán Monasterio ex Director de FONASA y al Dr. Ricardo Fábrega, ex Subsecretario de Redes Asistenciales. El despilfarro consistió en organizar fiestas de navidad o fiestas del 18 de septiembre, para el personal y sus familias. Sin perjuicio de las diferencias que se pueda tener con su gestión y, dejando pendiente la reflexión de porqué se califica de despilfarro un gasto que se hace para reconocer la labor de los trabajadores, digamos que tanto el Dr. Fábrega como el Dr. Monasterio, son profesionales que viven de sus salarios. No poseen empresas ni forman parte del directorio de ninguna, no tienen “intereses”, y todo indica que su interés principal, al que han dedicado gran parte de su vida profesional, es la salud pública. El dinero que deberán devolver fue usado íntegramente en los funcionarios, en reconocer el trabajo que ellos realizaban, nada de eso se fue a sus bolsillos.
En el mundo de los grandes negocios, la acción u omisión de una autoridad puede significar miles de millones de pesos en ganancias para una empresa o un grupo de empresas. No se nota, no se sabe, no se denuncia, es más sutil, pero mucho más cuantioso y lucrativo. El dinero que se mueve, es cientos de veces más de lo que gastaron los “despilfarradores” Fábrega y Monasterio en sus funcionarios, pero con otra diferencia adicional, ese dinero queda en los bolsillos de los interesados. Ojalá que la Contraloría también dedique esfuerzos a investigar estos conflictos de interés y las consecuencias que pueden tener para el erario nacional, aunque tenga que auditar a la mayoría del gabinete y al propio inquilino de La Moneda.
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